Amnistía Internacional exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a la información y la transparencia en los programas de vacunación 

26.03.2021

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben priorizar a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus planes de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas, sostiene Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, el mismo examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y brinda 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas. Entre las cuestiones que plantéa, dice lo siguiente:
"El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 en la región trae esperanza, pero al mismo tiempo plantea grandes desafíos para los Estados: ser transparentes con la asignación de las escasas dosis disponibles, priorizar a los grupos de mayor riesgo, permitir que la sociedad acceda a información pública, incluidos los acuerdos con empresas farmacéuticas, y no utilizar las vacunas con fines políticos"
El informe insta a los gobiernos a garantizar que nadie quede atrás en los planes de vacunación: los grupos de riesgo -como el personal sanitario y las personas de edad avanzada- y los grupos históricamente discriminados -como los pueblos Indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados o las personas privadas de su libertad- deben ser incluidos en la recepción de vacunas. Asimismo, llama a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación.
Amnistía Internacional exhorta asimismo a los Estados a que garanticen el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son aspectos centrales en un programa de vacunación adecuado. Por otra parte, la organización enfatiza que las presiones políticas y la corrupción son inadmisibles y que se debe priorizar el derecho a la salud de todas las personas. También, sostiene que las empresas farmacéuticas no han sido trasparentes en las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas.
Además, la organización llama a que tanto los Estados como las empresas farmacéuticas participen de las iniciativas globales en el seno de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud para facilitar la producción de vacunas contra COVID-19, entre otras cosas, liberando temporalmente patentes y compartiendo tecnología y resultados de investigación.
El relevamiento hecho dice que 13 de los 17 países de la región relevados hicieron públicos sus programas nacionales de vacunación. Muy pocos habían consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil durante la fase de diseño, y algunos no habían tenido en cuenta a las poblaciones de riesgo. Aunque los programas de estos 13 países dan prioridad a la vacunación del personal sanitario que trabaja en primera línea, Amnistía Internacional recibió informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19.
Sólo 6 países, entre ellos Argentina, tienen registros razonablemente actualizados -desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos- sobre el número de trabajadores de la salud que se contagiaron de COVID-19 durante la Pandemia. Varios países tienen una grave escasez de personal sanitario: el número de personas médicas y enfermeras per cápita es muy inferior al umbral establecido por la OMS.
Aunque varios países incluyeron a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para estas comunidades en sus programas.
Asimismo, los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica obstaculizaron de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o directamente los bloquearon, a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.
A pesar de que muchos gobiernos prometieron públicamente que las vacunas serán gratuitas para toda la población, solo 9 de los 17 países -incluida Argentina- lo confirmaron formalmente en sus programas oficiales o aprobaron la normativa correspondiente.
A su vez, miembros del sector privado de varios países intentaron comprar vacunas directamente a los fabricantes, creando planes de vacunación paralelos que afectan una distribución equitativa a toda la población.
"Luego de los sucesos inadmisibles ocurridos en Argentina, los pilares de la política de vacunación del estado deben ser la transparencia, rendición de cuentas y el acceso igualitario. Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud y deben impedir la compra directa por parte de particulares de la vacuna, de modo de garantizar el acceso a la vacunación en condiciones de igualdad. Las poblaciones en situación de mayor riesgo necesitan la vacuna primero", manifestó Mariela Belski,  Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina