Multa a Facebook por no bloquear cuentas de allegados a Bolsonaro

La Justicia de Brasil ordenó este Viernes a Facebook pagar 1,2 millones de reales diarios unos 235.294 dólares por incumplir la decisión de bloquear los perfiles de políticos, empresarios y personalidades allegadas al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, investigados por presunta difusión de noticias falsas. 

El magistrado Alexandre de Moraes hizo la multa dirigida directamente al Presidente de Facebook en Brasil, Conrado Leister y le pidió que cumpla con el bloqueo de los perfiles de los bolsonaristas investigados, tanto en Brasil como en el exterior.

La semana pasada, Moraes ordenó que Twitter y Facebook retiraran los perfiles de diversos allegados de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, por presuntamente difundir noticias falsas y perpetrar ataques en las redes contra integrantes del Supremo. 

El cierre temporal de los perfiles fue determinado por Moraes para "interrumpir discursos criminales de odio" en el marco de una investigación que se sigue en el Supremo para averiguar la difusión de noticias falsas, así como ofensas y amenazas contra autoridades del país, ya que el magistrado es el instructor del caso.

Ésta no es la primera vez que la máxima Corte ordena acciones contra este grupo de seguidores del mandatario brasileño, ya que en Mayo algunos "bolsonaristas" fueron objeto de allanamientos ordenados en el marco de la investigación abierta en el 2019.

La Corte Suprema de Brasil investiga desde hace meses la divulgación de "noticias falsas" y amenazas contra los Poderes Legislativo y Judicial, y se sospecha que detrás de esos ataques hay movimientos de ultraderecha y hasta políticos y empresarios afines al mandatario.

Por esta cuestión, este Viernes, Facebook recurrió ante la Corte la decisión de Moraes por considerar que la "ley brasileña reconoce límites a su jurisdicción y a la legitimidad de otras jurisdicciones". Por otro lado la red social Twitter ya se había pronunciado al respecto el Jueves al decir que intentaría revertir la determinación de Moraes, que calificó como "desproporcionada bajo la óptica del régimen de libertad de expresión vigente en Brasil".